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La responsabilidad de las empresas en la corrupción

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La responsabilidad de las empresas en la corrupción

Es de elemental lógica que lo robado se debe buscar en el patrimonio de los dos partícipes de la maniobra de corrupción. 

Es la primera vez que los ciudadanos argentinos y los brasileños observan una investigación judicial diferente. Por primera vez, aparecieron las empresas como accionistas principales de la red de corrupción. Para que esto no quede limitado a 10 o 20 procesamientos o condenas, para que esto sirva como comienzo de un Nunca Más a la corrupción, es decir el fin de un modelo productivo basado en la corrupción y de un modelo cultural que acepta aquello de que “roba pero hace”, van aquí ciertos aportes.

1) La plata robada por la corrupción nos fue robada a los ciudadanos. Son nuestros impuestos, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras rutas los que fueron robados. De allí que la víctima de la corrupción sea la sociedad (artículo 25 de la Convención Americana) y ella tiene derechos prioritarios en el proceso penal. A que se castigue a los responsables y a que se recupere lo robado.

2) Los sobornos que pagaron las empresas se traducían en sobrecostos y en sobreprecios. De tal modo que los empresarios nunca perdían. Fueron socios y no víctimas en la red de corrupción argentina y brasileña.

3) Los representantes de la sociedad como víctima de la corrupción son el Ministerio Público, la Procuración del Tesoro y la Defensoría del Pueblo. Deben representarnos en el proceso penal. Hasta ahora no lo hacen.

4) El delito de corrupción es un crimen contra el orden democrático, según el quinto párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional. Con acciones civiles y penales imprescriptibles.

5) La secuencia de la maniobra de la corrupción fue la misma en Argentina y en Brasil: cartelización de la obra y servicios públicos; sobornos; sobreprecios; enriquecimiento ilícito; lavado de activos. Estos son los cinco eslabones en la red de corrupción. Y esas cinco etapas deben aparecer con absoluta claridad en un proceso penal que se precie de ser objetivo, imparcial e independiente. No nos interesan los choferes, sino los empresarios y los ministros.

¿Cómo recuperar lo robado?

Es de elemental lógica que lo robado se debe buscar en el patrimonio de los dos partícipes de la maniobra de corrupción. En los funcionarios públicos y en las empresas socias en el crimen de corrupción. Los funcionarios que robaron seguramente lavaron esos activos. Y el delito de lavado es muy sofisticado en el siglo 21. La Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional Organizado debe ser el derecho aplicable para buscar el dinero en poder de los funcionarios.

En cuanto a las empresas que participaron en la red criminal, su responsabilidad civil en la devolución del dinero y en la reparación del daño es total. Las empresas fueron socias y no víctimas.

Sería sencillo para el Ministerio Público o el defensor del Pueblo o la Procuración del Tesoro mirar los balances de las empresas contratistas o concesionarias del Estado en los últimos 12 años y ver su nivel de obras y su nivel de ganancias. Allí aparecerán los sobreprecios con los que se pagaban los sobornos.

En el patrimonio de las empresas partícipes de la red de corrupción, está el 50 por ciento de lo robado en estos 12 años, y a ellas se les debe reclamar que lo devuelvan. Ya se deberían haber pedido embargos e inhibiciones sobre el patrimonio societario de las empresas cómplices.

Esta posición no les gusta al gobierno de Cambiemos ni al kirchnerismo. Debe ser el único punto en el que coinciden macristas y kirchneristas. Ninguno quiere que se abra la caja de Pandora.

En el caso Skanska, la empresa sueca reconoció su participación en maniobras de corrupción, pero logró que los jueces argentinos limitaran la responsabilidad a directivos de la empresa en Buenos Aires, excluyendo de todo a la casa matriz.

Hoy, los tratados de derechos humanos fijan un marco legal diferente, porque, si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas no existe en Argentina, su responsabilidad civil es total por vía de estos tratados que consagran a los derechos de las víctimas como regla interpretativa primera en los procesos penales y civiles (artículos 2 y 3 del nuevo Código Civil y artículo 25 de la Convención Americana).

En cuanto al argumento de que si perseguimos a las empresas vendría una caída de la actividad, una pérdida de empleo o un cierre de fábricas, es un riesgo que la democracia argentina debe correr, porque lo principal para el país es terminar con un modelo productivo basado en la corrupción, que no ha implicado ningún crecimiento económico ni humano sustentable en el tiempo.

Este es el riesgo que hay que correr para un Nunca Más de la corrupción.

 

* Expresidentes de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación

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