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Una medida contra las filtraciones

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Una medida contra las filtraciones

Las investigaciones por presuntos hechos de corrupción que comprometen a exfuncionarios de la anterior administración del país se agilizaron en los últimos tiempos en virtud de una prolífica labor de la Justicia, que en varios casos derivó en prisiones preventivas.

Esa dinámica procesal, sin embargo, se vio empañada muchas veces por puestas en escena o espectacularidades políticas y judiciales reñidas con los derechos que asisten a cualquier ciudadano en conflicto con la ley.

Una situación de estas características se vivió días atrás con la sugestiva filtración de imágenes de la detención del exvicepresidente Amado Boudou. Filmaciones y fotografías que llegaron a los medios de comunicación y a las redes sociales y que detonaron una fuerte controversia.

El magistrado actuante (en este caso, Ariel Lijo) puede ordenar que se tomen fotografías y se filmen determinados actos de un procedimiento, como forma de garantizar su transparencia y el resguardo de pruebas.

La viralización de las imágenes del arresto de Boudou (en las que se lo observa en piyama y descalzo en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero) excedió la incumbencia del juez o de sus colaboradores en el momento del trámite de marras. Por ese motivo, es auspiciosa la decisión de un fiscal de imputar y poner bajo averiguación por este desatino a cuatro miembros de la Prefectura Naval Argentina.

En efecto, el fiscal federal porteño Juan Pedro Zoni colocó bajo la lupa a un prefecto principal, a un subprefecto y a dos ayudantes de esa fuerza de seguridad, que fue la encargada de controlar el operativo del arresto al exvicepresidente, el viernes 3 de este mes.

Para los abogados de Boudou (promotores de la denuncia), a primera hora de la mañana del mismo viernes comenzaron a difundirse fotografías que «no guardan relación con la legalidad que debió imperar en ese acto».

Es necesario advertir acerca de la naturalización de ciertas diligencias judiciales que son violatorias de los métodos legales que deben respetarse, en todos los casos, más allá de la importancia del procesado.

De hecho, no se puede cargar en los medios ni en los titulares de las redes sociales la responsabilidad por la difusión en cuestión: los que tendrán que dar cuentas son quienes debían resguardar la intimidad de un trámite de interés colectivo y no lo hicieron, aún no se sabe por qué.

Que un fiscal haya decidido tomar cartas en el asunto es promisorio, en bien de evitar repeticiones indecorosas de este tipo de actitudes, sea cual fuere la culpabilidad y exposición pública del imputado.

 

 

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