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La difícil senda del crecimiento

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La difícil senda del crecimiento

Perseverar en la senda del crecimiento y de mejores condiciones socioeconómicas se presenta como un fuerte desafío para los dos últimos años de la actual gestión.

A  tono con las proyecciones locales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró sus perspectivas para la Argentina, al estimar que la actividad crecerá este año 2,5 por ciento y que la inflación concluirá en 22,3 por ciento.

Los datos están contenidos en el informe Panorama Económico Mundial, que se difundió esta semana en coincidencia con las asambleas del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Fondo afirmó que «el crecimiento repuntará a 2,5 por ciento desde la recesión del año anterior, en la medida que los salarios reales más altos aumenten el consumo; la inversión repunte, con el apoyo de la obra pública, y las exportaciones se beneficien de una mayor demanda externa». El diagnóstico del organismo es certero, pues para los ingresos medios y bajos el consumo no repuntó, ante la necesidad de destinar más recursos al pago de servicios e impuestos.

La inversión extranjera directa mejoró en relación con el ciclo kirchnerista, pero este no es un parámetro válido en función de la persecución de la anterior administración a los capitales globales.

La clave es lo que vendrá. Para 2018, el FMI prevé un crecimiento similar al de este año y una inflación anual de 16,7 por ciento, al tiempo que insta a acelerar el cierre de la brecha fiscal, es decir, el desajuste entre los ingresos y los gastos del Estado nacional y de sus empresas.

El proyecto de Presupuesto 2018 de la administración de Mauricio Macri prevé reducir en un punto el déficit fiscal en relación con la actividad económica, con base en un fuerte recorte en los subsidios a los servicios públicos -electricidad, gas y transporte- y una mayor eficiencia en la gestión de los organismos oficiales.

La suba del 10 por ciento en los combustibles, prevista para la semana posterior a la elección legislativa; los ajustes del gas natural, en torno del 40 por ciento, y en el valor de la electricidad constituirán otras serias restricciones para el consumo de asalariados y jubilados.

Aunque la medida aparece como inevitable, el Gobierno debería actuar con equilibrio en función de las urgencias de las familias.

Los aumentos irrestrictos suelen provocar, como sucedió con el tarifazo del gas natural a mediados de 2016, situaciones inequitativas para usuarios particulares y organizaciones sociales.

Perseverar en la senda del crecimiento y de mejores condiciones socioeconómicas se presenta como un fuerte desafío para los dos últimos años de la actual gestión.

Será el momento para que el Gobierno anuncie y explique a la sociedad cuál es el difícil sendero que se transitará, alejado ya de la disyuntiva de volver a un pasado de estancamiento y autoritarismo.

 

 

 

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