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La corrupción estructural

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La corrupción estructural

En los últimos días el país vivió un súbito proceso de aceleración de causas de corrupción que puso a varios destacados funcionarios del anterior gobierno en el banquillo de los acusados: en el inicio de los juicios orales, al expresidente Amado Boudou por presuntas coimas e intento de apropiación de la ex-Ciccone y al exministro de Planificación Julio de Vido por su rol en la tragedia de Once. Además hubo citaciones a indagatoria, pedidos de embargo y allanamientos en diversas investigaciones.

La súbita reactivación de causas dormidas por años alimenta la sospecha. Sea por verse liberados de presiones o por oportunismo político, la hiperactividad judicial domina la escena política, en plena campaña electoral.

En su más reciente informe sobre trasparencia en el país, publicado hace apenas dos semanas, la organización Poder Ciudadano alerta contra una “espectacularización” de los casos que podría enmascarar la realidad más profunda: la existencia de una matriz de corrupción estructural que incluye a los sistemas político, judicial y empresarial, que seguirá vigente a menos que se adopten reformas de fondo que permitan revertir la situación.

Como señala en la presentación el analista Alejandro Katz, “Concentrar la atención en algunos casos emblemáticos produce, de hecho, una especie de alivio generalizado al permitir señalar a una cantidad determinada –y por tanto acotada– de presuntos delincuentes”.

El diagnóstico del informe es demoledor. En el país hay unas 2.000 causas por hechos de corrupción en todos los niveles. Según un análisis de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las 68 causas más relevantes llevan entre cinco y quince años de investigación. La más extensa es la que implica al expresidente Menem con más de 21 años de trámite y aún está en estudio ante la Corte, lo que le ha permitido volver a ser candidato a senador a pesar de tener condena ratificada en dos instancias inferiores. Desde la restauración de la democracia en 1983, hay apenas cinco condenas firmes por delitos de corrupción a funcionarios de alto rango.

La lentitud judicial producto del formalismo, la escasa independencia de los jueces, la falta de transparencia y rendición de cuentas durante el proceso penal y las escasas herramientas investigativas facilitan la impunidad.

Incluso recientes reformas legales destinadas a agilizar y modernizar el sistema como la ley del Arrepentido y la del Acceso a la Información Pública se han visto afectadas por su reglamentación, como el reciente DNU del presidente Mauricio Macri que limitó la independencia de la nueva Agencia de Acceso a la Información Pública al ponerla bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, sin asignarle partidas de financiamiento propias en el Presupuesto. Y la demora en el Congreso de las leyes de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito de corrupción o de la responsabilidad penal empresaria en las tramas de soborno a funcionarios.

Los problemas estructurales derivan en actitudes individuales que convalidan a la corrupción como un hecho natural. Según una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana, más del 50% de los argentinos ve a la corrupción como “inevitable” y cotidiana, pero con notorias diferencias de percepción entre su persona y el resto de la sociedad. Así, una gran mayoría se considera incapaz de sobornar a un policía o devolvería a un mozo un vuelto mal calculado a su favor, pero al mismo tiempo, entre el 70 y 80% de ellos cree que el resto de sus vecinos obraría de manera deshonesta en casos como éste.

El mejoramiento de las herramientas penales es sólo una parte de la lucha contra la corrupción sistémica, que tanto en el alto nivel como en lo microsocial reflejan y alimentan la desigualdad social, generando mayor desconfianza en las instituciones y la dirigencia. El fin de la impunidad dependerá no sólo de mejores leyes y de una justicia ágil, independiente y profesionalizada, sino también de consensos para reformar el sistema político, especialmente su financiación y sus nexos con el empresarial y un cambio cultural, con una sociedad civil más demandante y participativa en todos estos procesos.

 

 

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