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Fueros y oportunismo

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Un pedido para quitarle los fueros al ex ministro de Planificación y hoy diputado Julio de Vido calentó sobre el fin de la semana la campaña electoral, con debates jurídicos sobre el alcance real de esta protección con que cuentan los legisladores y varias decisiones que parecieran ser más para la galería que para contribuir a la mejora de la actividad política.

El martes, el fiscal Carlos Stornelli sacudió al mundo de la política con el pedido de indagatoria, desafuero y detención de De Vido, uno de los pocos funcionarios del círculo íntimo de la expresidenta Cristina Fernández que no enfrentaba causas judiciales de peso por corrupción, a excepción del caso Skanska.

La filtración de la solicitud generó una fuerte reacción de los principales partidos y candidatos en campaña para las próximas primarias abiertas. Desde el oficialismo se impulsó el inmediato pedido de suspensión del ahora diputado kirchnerista, mientras otros grupos de legisladores y candidatos del Frente Renovador hicieron una presentación pública “renunciando” a la protección de los fueros, como señal de trasparencia y sometimiento a los dictámenes de la Justicia.

El dictamen del juez federal Luis Rodríguez, que denegó los pedidos de detención y desafuero y ordenó medidas de prueba, frenó las urgencias del gobierno, que veía en un debate legislativo sobre la suspensión de De Vido la oportunidad de hacer prevalecer en la opinión pública los asuntos relacionados con la corrupción K por sobre la discusión de la compleja situación económica actual.

No sonó irrazonable la decisión: si bien los delitos de los que se acusa a la ex mano derecha del matrimonio Kirchner son graves –el desvío de fondos que podría superar los 26.000 millones de pesos en un proyecto ferroviario en la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz–, para el juez falta completar medidas de prueba. Además, no pareciera que en estas instancias hubiera un gran riesgo de fuga del exministro y su salida del poder le ha quitado gran parte de los medios para entorpecer las investigaciones, las dos razones principales para reclamar la prisión preventiva.

El “gesto” de los referentes Sergio Massa y Margarita Stolbizer, imitado también por el jefe de bloque del Pro en Diputados Nicolás Massot, de “renunciar” a los fueros fue relativizado por la mayoría de los constitucionalistas.

Expertos como Gregorio Badeni señalaron que no existe la posibilidad de “renunciar” al beneficio (salvo que se deje también la banca), ya que son institucionales y no personales, es decir protegen el cargo y no a las personas, por lo que no son “renunciables”. Tampoco se puede desistir de garantías constitucionales que sólo pueden ser quitadas por la Cámara a requerimiento de un juez.

El tema de los fueros de los legisladores es siempre debatido. La mayoría de los especialistas en Derecho coincide en que el artículo 69 de la Constitución le otorga inmunidad de arresto a los representantes elegidos por el pueblo, sobre todo por sus opiniones y acciones políticas, para garantizar su libre expresión, especialmente a las minorías, y evitar acciones arbitrarias en su contra del poder de turno. Esto no impide tenerlos como objetivo de investigaciones si han cometido ilícitos graves, ni detenerlos si son sorprendidos in fraganti en determinados delitos. Deben ser puestos a disposición de la Cámara, que debe definir por dos tercios de sus miembros la suspensión del cargo o su exclusión (art. 66 de la CN).

La visión más restrictiva sobre la inmunidad de arresto busca también proteger a los legisladores de detenciones basadas en causas “armadas” para quitarlos del juego político, estrategia que se ha seguido en países como Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.

La idea es que en un régimen democrático los legisladores deban someterse como cualquiera al escrutinio judicial y los fueros no sean protección para una casta política. Pero el debate actual pareciera más orientado a medidas efectistas y sacar ventajas electorales que a examinar en profundidad el tema. Y elude definir porqué las causas por corrupción que implican a personas, con o sin fueros, tardan más de 14 años en investigarse y más del 95% queda impune.

 

 

 

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