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La peor medicina para la inseguridad

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La peor medicina para la inseguridad

La crispación colectiva originada en factores de múltiple naturaleza, entre ellos la creciente ola de inseguridad, nos devuelve imágenes y conductas dolorosas que en nada contribuyen a sosegar los ánimos.

Conductas reñidas con esa paz social que la mayoría anhela y ajenas a un Estado de derecho en el que ningún exponente de la comunidad civil tiene la potestad de hacer lo que se le ocurra, como repeler por mano propia a un presunto ladrón encontrado en una actitud in fraganti.

El mal ejemplo se reitera, pese a los antecedentes nefastos que obran en esta problemática.

Un video difundido el pasado miércoles en las redes sociales y en los medios de comunicación muestra a un adolescente de 13 años golpeado e insultado por algunos transeúntes en la peatonal del Centro de la ciudad de Córdoba.

El chico, junto con otro de 14 años, acababa de sustraerle el teléfono celular a una mujer, quien a los gritos puso en alerta a otros vecinos que caminaban por la zona y que lograron neutralizar la fuga del precoz asaltante.

Las imágenes son escalofriantes, en tanto se observa al niño en el piso llorando y con heridas en el rostro, mientras los testigos de ocasión se dividen entre los que piden calma y los desencajados que justifican la mano dura.

Una vez que tomó participación la Policía, ambos adolescentes fueron derivados al Hospital de Niños, mientras el caso llegó a la Justicia para que un fiscal dispusiera las medidas pertinentes, tendientes a identificar a los agresores.

¿Qué extraño estímulo perverso aflora para zamarrear a un niño hasta lastimarlo, en vez de retenerlo sin agresión de por medio y aguardar hasta que asistan las fuerzas del orden?

La situación también nos remite a lo que sucedió en mayo de 2015 en Monte Hermoso, cuando un grupo de personas, luego juzgadas y condenadas, lincharon y amasijaron a golpes hasta matarlo a Juan Carlos “”Canini” González, de 70 años, a quien consideraban autor del crimen de la joven Katherine Moscoso, de 18 años.

Cada vez que detonan estas prácticas, se reactualiza no sólo el flagelo de la inseguridad, sino también uno de sus peores lastres: la llamada justicia por mano propia, que muy poco tiene que ver con la Justicia.

Es atendible la aflicción general por la escalada de robos en sus distintas modalidades, pero de ninguna manera se puede consentir el linchamiento o la participación de ciudadanos comunes en tareas que no les competen.

 

Nadie puede arrogarse el rol de la Justicia y de las fuerzas de seguridad con acciones individuales temerarias, que no aportan a poner coto al descalabro de la inseguridad. 

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