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El peso de los impuestos

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El peso de los impuestos

Las autoridades económicas reconocieron que la Argentina posee una presión tributaria elevada, que quita competitividad y posibilidades de producción.

La última admisión provino del subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, quien señaló que «la presión tributaria asfixia y ahoga» a diversos sectores. El Gobierno nacional reiteró su compromiso de trabajar en una reforma que tienda a bajar la presión impositiva, similar a la de los países desarrollados, pero con menor calidad de servicios por parte del Estado.

Las ideas generales esbozadas por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, implicarían modificaciones a los impuestos a las Ganancias para los asalariados, a los Débitos y Créditos Bancarios y a los Ingresos Brutos, aunque este tributo es de jurisdicción provincial.

El proyecto avanzaría también sobre los actuales aportes personales y contribuciones patronales a la seguridad social.

En todos los casos, el planteo va desde una reforma integral, que incluya a la coparticipación federal de impuestos, un mandato incumplido de la reforma constitucional de 1994, hasta la introducción de cambios parciales que permitirían una salida de la parálisis económica.

La profundidad de los cambios dependerá de los resultados electorales de octubre y del acompañamiento de las provincias, pues una porción clave de los tributos en análisis se distribuye entre las administraciones del interior.

La cuestión de fondo es cuánto Estado quieren los argentinos y cuánto están dispuestos a resignar de sus ingresos para sostener una maquinaria que hasta aquí se ha mostrado obsoleta y poco operante.

Pese a los aspectos negativos, es común que los argentinos apelen a la figura paternalista del Estado para solucionar asuntos domésticos, las derivaciones de los ciclos de la economía o para las cuestiones fundamentales del desarrollo humano.

Desde lo más pequeño hasta la tarea fundamental de un Estado. Ese es el imaginario colectivo sobre las funciones que deben desempeñar las oficinas y agentes públicos. Tan inabarcable como costoso.

Es cierto que muchos intentos de privatización de ciertas actividades oficiales concluyeron en rotundos fracasos por la corrupción de hombres de negocios y empresas que participaron en tales transferencias.

El debate sobre las funciones que el Estado debe conservar y cuáles debiera delegar tendría que ser la discusión primigenia, anterior a cualquier cambio en los impuestos. Lo contrario, más que una reforma integral, sería sólo un intento de aliviar ciertas cargas para facilitar la recuperación económica. Así, el debate de fondo de qué Estado se pretende no quedará saldado.

 

 

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