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Desmanejo de las cuentas provinciales

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Desmanejo de las cuentas provinciales

La provincia de Santa Cruz atraviesa el conflicto más serio en cuanto a la sustentabilidad de las cuentas públicas, una situación que también está latente en otras administraciones provinciales.

El viernes último se realizó una marcha convocada por los trabajadores agrupados en la Mesa de Unidad Sindical, en la que participan estatales, docentes, personal de salud, empleados judiciales y jubilados.

La movilización fue desalojada por la Policía cuando algunos de sus participantes burlaron el ingreso a la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner, en Río Gallegos.

El sector público afronta una demora en el pago de sueldos y otros beneficios, hasta el extremo de que la Provincia procura un endeudamiento por 350 millones de dólares para cancelar los atrasos.

La casi totalidad del presupuesto se destina a sueldos del sector público, que duplicó su plantilla en la última década, en tanto la masa salarial se multiplicó por 34 veces en los últimos 15 años.

Esta realidad desesperante no puede justificar la actitud de los manifestantes. La irracionalidad no es el método para hallar soluciones a una provincia que se encuentra virtualmente quebrada, por el excesivo endeudamiento y la sobrecarga de agentes estatales, junto a la sospecha de corrupción en la obra pública. Un modelo que se reprodujo a nivel nacional en la última década.

Sólo el endeudamiento con la Nación alcanzaba a 7.930 millones de pesos al cierre de 2016. Este año, la administración central le descontó de la coparticipación 871,4 millones, poco más de la mitad de obligaciones sin pagar, que totalizan 1.634 millones.

Santa Cruz recibió del Gobierno nacional, en los primeros cuatro meses de este año, 1.170 millones de pesos, que representan el 63 por ciento de los adelantos financieros que se enviaron para salarios y aguinaldos en 2016, que sumaron 1.860 millones.

La búsqueda de paliativos no puede convertirse en una batalla política entre el Gobierno nacional y la administración local, como pretende la expresidenta Cristina Fernández, quien responsabilizó a Mauricio Macri y a sus funcionarios por el desajuste de las cuentas públicas.

El kirchnerismo lleva más de 25 años conduciendo los destinos de Santa Cruz, en los cuales la actual gobernadora fue responsable de las políticas sociales en los mandatos de Néstor Kirchner, entre 1991 y 2003, y luego ministra de Desarrollo Social de la Nación hasta 2015.

Cabría recordar que durante crisis similares, el expresidente Néstor Kirchner solía decir que “si una provincia quiebra, el gobernador debe ir preso”.

 

Los santacruceños conocen la historia, por lo que no es necesario un debate sobre las culpas del pasado reciente, sino la búsqueda de soluciones sensatas.

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