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Un modelo inviable

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Un modelo inviable

La llamada deuda externa es un tema clave en el ordenamiento económico. El estrangulamiento por una deuda que se tornaba impagable fue el detonante de varias crisis, una de las cuales condujo al default soberano más cuantioso de la historia en diciembre de 2001.

Hubo luego tres procesos de reestructuración del capital adeudado, que concluyó casi un año atrás con el acuerdo definitivo con los fondos buitre, para saldar obligaciones que aún estaban impagas.

El resultado del primer año de gestión de Mauricio Macri mostró un incremento de la deuda en 13 por ciento, al alcanzar el total de compromisos a 192.462 millones de dólares, según la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La deuda del sector público tuvo un aumento de casi el doble. Los 127.477 millones de dólares que deben el Estado y las empresas públicas superan en 25 por ciento a la deuda que se registraba a fines de 2015, cuando era de 101.659 millones.

El Gobierno justificó el incremento y se lo adjudicó a la resolución definitiva del default de 2001 y a los compromisos impagos con organismos internacionales. Esas obligaciones no habían sido reconocidas por el kirchnerismo, que ni siquiera las incluía en los asientos contables.

Sin dudas, la salida del default abrió los canales de crédito que permanecían cerrados por el no pago y la actitud hostil de la expresidenta Cristina Fernández hacia los mercados internacionales.

Salvo los créditos de los organismos multilaterales, que se destinarán a obras públicas y a programas de reconversión del aparato oficial, parte del nuevo endeudamiento se destinó a solventar el déficit público. El rojo fiscal sigue siendo elevado, lo que genera dudas entre potenciales inversores y operadores económicos sobre la sostenibilidad del Estado.

El modelo elegido por Mauricio Macri se puede entender ante la urgencia de solucionar los graves desequilibrios que recibió de la administración anterior, pero no es un programa viable para el futuro.

Ese modelo se usó durante la segunda mitad de la década de 1990, cuando –después de la privatización de las empresas públicas– el déficit se volvió incontenible ( y se lo financió con deuda pública.

Repetir esa estrategia no será sustentable cuando los compromisos no puedan ser afrontados por los dólares que aportan las exportaciones primarias y la agroindustria. El Gobierno debe promover un debate racional sobre qué funciones y qué tamaño del Estado están dispuestos a sostener los argentinos a través de sus esfuerzos.

 

Paralelamente, la actual administración deberá avanzar en una gestión eficaz de los recursos para evitar que el déficit torne insuficientes los recursos del Tesoro nacional.

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