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Los Derechos Sociales: Una breve introducción

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Los Derechos Sociales: Una breve introducción

Existen ciertos derechos que son motivo de particular controversia en el ámbito social. Se trata de los denominados derechos sociales, los cuales, para su realización, requieren erogaciones presupuestarias por parte de los Estados que, en una gran cantidad de casos, y debido a la escasez de recursos, son objeto de controversias.

Nos encontramos muchas veces frente a sentencias judiciales que ante la vulnerabilidad sanitaria, alimentaria o habitacional de un ciudadano o un grupo de ellos, obligan al Estado nacional, provincial o municipal a hacerse responsables de dicha situación y brindar la atención médica, alimentaria o de vivienda, con sustento en estos derechos a los cuales nos referiremos a continuación.

No son pocas las voces que se alzan contra este tipo de decisiones judiciales, o, en su caso, contra las políticas que buscan el reconocimiento generalizado de estos derechos, surgiendo como trasfondo la discusión en torno al acceso a los bienes sociales en base a criterios meritocráticos y de justicia distributiva.

Se suma a ello, que durante mucho tiempo los derechos sociales consagrados en textos constitucionales fueron concebidos como derechos meramente programáticos, no exigibles a no ser que se legisle ordinariamente sobre ellos, asignándose recursos específicos para su realización.

Los derechos sociales, económicos y culturales, encuentran distintas fuentes normativas: nuestra constitución es receptora de algunos de estos derechos, a partir de el denominado movimiento del Constitucionalismo Social que vio la luz en la Constitución Mexicana de Querétaro en el año 1917 y más tarde fue seguida por la de Weimar de 1919. A partir de allí, diversos textos y reformas constitucionales incorporarían derechos sociales a sus textos, que en nuestro país se verán reflejados recién a partir de la sanción de la Constitución de 1949, luego derogada, pero cuya impronta quedó plasmada en el hoy artículo 14 bis que data del año 1957. En él, se consagran los derechos del trabajo, de asociación sindical, de la seguridad social, el bien de familia, la compensación económica familiar y el derecho a una vivienda digna.

Pero estos derechos cobraron fundamental trascendencia a partir de los Tratados de Derechos Humanos que vieron la luz luego de la Segunda Guerra Mundial. A partir del terror que causó descubrir en los campos de exterminio aquello que el hombre es capaz de hacer a sus congéneres por el solo hecho del odio racial y político, la comunidad mundial decidió poner freno a la posibilidad de que pudiera repetirse otra vez esa barbarie, dictando en consecuencia un cuerpo normativo de validez universal que tuviera como principal objetivo afirmar la dignidad humana de hombres y mujeres sin distinciones de ningún tipo, y sin perder de vista que el contexto social de inequidad e injusticia social fue el caldo de cultivo de aquellas ideologías que luego desataron la barbarie.

Nace así la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en sus artículos 22 a 25 reconoce la vigencia de los derechos sociales como elemento intrínseco a la dignidad humana.

Más tarde, este instrumento fundamental se vería reforzado por una serie de tratados internacionales que dan tratamiento específico a estos derechos, siendo el más trascendente, sin lugar a dudas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sancionado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 1966.

Como antes expresamos, diversos derechos sociales forman parte del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, pese a lo cual, los tribunales nacionales, en la gran mayoría de casos, sólo reconoció derechos vinculados a las condiciones de trabajo y de las organizaciones sindicales. No fue sino a partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al plexo constitucional, que dicha situación comenzó a cambiar progresivamente.

A poco tiempo de adoptada la reforma, comenzaron a sucederse una serie de fallos a nivel de nuestro máximo Tribunal, en los cuales comenzó a reconocerse la justiciabilidad de los derechos sociales, muchos de hechos ya contenidos en la Constitución Nacional, y otros incorporados en los tratados ahora incorporados al plexo normativo constitucional.

El primero de estos fallos trascendentes data de junio del 2000 y trató sobre el derecho a la salud. En el caso  "Asociación Benghalensis”, la Corte afirmó el derecho a la preservación de la salud como comprendido en el derecho a la vida y resaltó la obligación impostergable del Estado de garantizar ese derecho con acciones positivas. Sostuvo que nuestro país asumió obligaciones internacionales explícitas para promover y facilitar las prestaciones de salud y que la conducta previa que haya adoptado el Estado en el cumplimiento de una obligación derivada de un derecho social claramente limita su discrecionalidad en los actos posteriores. Como corolario, la Corte confirmó la decisión de ordenar al Gobierno que proveyera regularmente medicamentos para tratar el HIV en hospitales públicos. Meses más tarde,  en octubre, la Corte sostendría similar criterio  en "Campodonico”, en tanto la madre de un menor que nació con un padecimiento grave en su médula ósea inició amparo contra el Ministerio de Salud por haber privado a su hijo de la prestación que le era suministrada sin cargo por dicho organismo.

En el caso “Sánchez N. R.” (2004), la Corte dictó una medida cautelar ordenando al Estado proveer en forma urgente todos los insumos necesarios para llevar adelante una intervención quirúrgica, como así también proveer los fondos necesarios para internación y estudios complementarios, imponiendo una sanción conminatoria diaria para el caso de incumplimiento, lo que convierte a este fallo en el primer precedente de aplicación de astreintes en fallos que protegen el derecho a la salud.

En cuanto al Derecho a la Educación, debemos recordar el “Caso Lifschitz” (2004), en el cual la Corte admitió y resolvió favorablemente el reclamo de los padres de un niño discapacitado que no contaban con recursos económicos suficientes para solventar gastos de educación y transporte de forma privada, ni existían vacantes en escuelas públicas ni en transporte público especial que pudiera ser utilizado para garantizar el derecho a la educación del menor. La Corte admitió el planteo y ordenó al Estado el pago de un subsidio a los fines demandados.

En cuanto a los derechos a la vivienda digna y a la alimentación, el caso “Ramos” (2002) resulta ser uno de los más reconocidos y citados. Dicho caso se inicia con el planteo formulado por la actora, la cual se encontraba inmersa en la pobreza extrema con ocho hijos, en tanto consideraba que la Provincia de Buenos Aires había violado los derechos a la alimentación, la salud y la vivienda digna al no adoptar medidas positivas concretas que impidieran su destino y el de sus hijos, de privación y miseria. La actora pretende en su demanda que el Estado le suministre una cuota mensual suficiente para cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar en materia de alimentación, salud, educación y vivienda; a su vez, reclama por la satisfacción de las condiciones materiales necesarias para que sus hijos asistan a la escuela, y que se adopten medidas para que uno de sus hijos sea intervenido quirúrgicamente por padecer una afección cardiaca, en tanto no contaba con medios para afrontar el traslado del menor hasta un nosocomio.  La Corte dividiò el análisis según los derechos invocados. Con respecto a los derechos a la salud y a la educación, rechazó el pedido diciendo que la amparista no había acreditado la negativa de los demandados a proveerle de estos, en tanto existe educación y salud pública y gratuita. Igual decisión adoptó en cuanto a la alimentación, la vestimenta y la vivienda, por cuanto, sostuvo el tribunal, "semejante pretensión importa transferir a las autoridades públicas el cumplimiento de una obligación que tiene su origen en las relaciones de parentesco' ' y que la vía judicial no es la apropiada, siendo "el ámbito de la administración de los planes asistenciales del Estado... donde la demandante debe acudir - en subsidio - para tratar de subvenir su afligente situación . . ." Agregó que el "dramático cuadro social" de la actora no podía ser resuelto por la Corte, por no ser un asunto de su competencia ni encontrarse facultada para asignar discrecionalmente los recursos presupuestarios disponibles, dando a entender que esta cuestión debía ser resuelta a través del voto popular, en tanto quienes determinan las políticas distributivas de recursos son, justamente, los gobernantes electos por el pueblo. Por su parte, la minoría con el voto en disidencia de los ministros Fayt y Boggiano, sostuvo que debía darse curso a la acción de amparo intentada, por cuanto consideraron que en el caso no se requería la adopción de medidas de gobierno de alcance general, sino sólo aquellas que dieran satisfacción a los derechos más primarios de los amparistas; por ende "debe propenderse a la efectiva operatividad de los derechos humanos constitucionalmente consagrados."

La doctrina ha resaltado el valor del criterio sentado por la minoría en este fallo, en tanto concretó un valioso aporte al destacar la "operatividad" de los derechos a la alimentación y a la salud -al menos en la satisfacción de sus facetas "primarias"-, contribuyendo a determinar de tal modo su contenido.

Como corolario, podemos recordar lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó recientemente en el “Caso Blanco”, en el cual se definió el índice de actualización utilizable para el cálculo del beneficio jubilatorio y sobre el cual tuvimos la oportunidad de referirnos en la edición impresa de este diario (“Un fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados. El fallo "Blanco" y su impacto económico”). En dicho fallo se sostuvo que: “... es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado. En tales etapas críticas, deben profundizarse las respuestas institucionales en favor de los grupos más débiles y postergados, pues son las democracias avanzadas y maduras las que refuerzan la capacidad de los individuos y atienden las situaciones de vulnerabilidad en momentos coyunturales adversos”.

 

 

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