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Derecho ambiental: el principio precautorio

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Derecho ambiental: el principio precautorio

Durante los últimos meses, han tomado notoriedad diversos fallos tanto a nivel nacional como internacional que pretenden tutelar el medio ambiente y por consiguiente, la salud humana, en tanto ésta depende directamente del medio en el cual se desarrolla.

Las decisiones jurisdiccionales pretenden enfrentar una problemática cada vez más frecuente vinculada al uso indebido de herbicidas, el cual se produce cuando los agentes que manipulan estos productos no cumplen con las medidas de seguridad necesarias o bien son utilizadas en zonas cercanas o aledañas a escuelas o urbanas densamente pobladas.

A nivel internacional, se conocieron las decisiones de la justicia estadounidense de condenar a Monsanto a pagar indemnizaciones en dos casos ocurridos en California, por considerar que el uso de glifosato de manera habitual era el causante de linfoma no Hodgking. La justicia francesa, por su parte, volvió a fallar a favor de Paul François y en contra de Monsanto por los efectos negativos que en la salud le habría generado la manipulación del herbicida Lasso.

A nivel local, cobró notoriedad el fallo de la justicia entrerriana que decidió prohibir la fumigación terrestre en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales y de tres mil metros en el caso de la fumigación aérea, similar a la decisión adoptada recientemente por la Justicia Federal de San Nicolás, la cual prohibió la fumigación en campos que rodean tres barrios de la ciudad bonaerense de Pergamino, con motivo de una sucesión de casos de enfermedades atribuibles a la presencia de herbicidas en el agua muy por encima de los límites tolerables y con clara riesgo para la salud de la población en general.

Si bien la distribución y uso de estos productos herbicidas no se encuentra prohibida, la comunidad científica no ha arribado a una decisión concluyente respecto de la inocuidad de los mismos en todos los casos o situaciones posibles, aún más allá del uso aceptado o permitido que pudiera dárseles.

Es por ello que muchas veces surge el interrogante acerca de los fundamentos utilizados por los jueces a fin de adoptar este tipo de decisiones.

Estos, suelen recurrir a la aplicación de un principio fundante del derecho ambiental: el principio precautorio. Este principio recoge la preocupación de la comunidad internacional en relación al uso de la tecnología y el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, impacto que, dado el veloz avance fundamentalmente de la industria biotecnológica y agroquímica, no ha podido ser evaluado y mensurado en su total alcance.

El principio precautorio, al igual que el del pago por el uso de la capacidad ambiental -enunciado como el “que contamina paga”-, aparecen como la salvaguarda exigida por la comunidad a aquellos que van a hacer uso de los bienes naturales comunes. De esta forma, aquel que hace uso de un bien común en un grado susceptible de afectar los derechos de los demás sobre ese bien, debe tomar las necesarias providencias para evitar que esa acción los menoscabe de cualquier forma.

El principio precautorio fue introducido a la legislación internacional en el marco de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992, siendo receptada en el año 2002 en el artículo cuarto de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”..

También conocido como in dubio pro ambiente o in dubio pro natura, este principio nos dice que, en caso de duda respecto a la inocuidad de un producto o actividad sobre el medio o salud humana, debe estarse a favor del ambiente y en contra de la actividad contaminante o nociva. Específicamente, y a partir de la definición convencional y local, la norma impone que ante la existencia de una amenaza al medio ambiente, la incertidumbre científica existente en relación a aquella no justifica la no adopción de medidas, correspondiendo actuar igualmente para prevenir o disminuir el agravio sobre el bien jurídico.

Se trata, específicamente, de una tutela de anticipación que apunta a evitar el daño, en tanto existe una amenaza incierta, pero que amerita la adopción de medidas concretas a fin de evitar un probable daño mayor.

No son pocas las voces que se han alzado en contra de este principio, fundamentalmente por considerar que invierte la carga de la prueba en orden a la acreditación del potencial daño. En tal sentido, consideran que se daría más importancia a la evidencia que apunta en un sentido que en otro, convirtiéndose en un principio paralizante que ralentizará o impediría el avance y progreso tecnológico y productivo. Tan controversial ha resultado la aplicación del principio, que algunos autores han incluso llegado a proponer que el mismo sea utilizado tan solo en aquellos casos en lo que se pretende evitar catástrofes.

Sin embargo, la aplicación del principio no queda librada a la mera voluntad de los jueces, existiendo determinados requisitos de admisibilidad que operan como un límite cierto y preciso frente a la posibilidad de excesos judiciales. En tal sentido, se ha referido que para que el principio pueda ser aplicado deben concurrir a) la existencia de una anticipación preventiva -la voluntad de tomar una acción sin esperar prueba científica en tanto dicha espera resultaría más costosa para la sociedad y naturaleza en el largo plazo-; b) la salvaguardia del espacio ecológico y ambiental, esto es, la finalidad tuitiva del bien común en la actividad jurisdiccional; c) la proporcionalidad de la respuesta requerida o costo-efectividad de los márgenes de error para mostrar que el grado de restricción no es indebidamente costoso; d) deber de cuidado o carga de la prueba de aquellos que proponen el cambio -la falta de certeza científica no debe traducirse en la ausencia total de prueba-; e) la promoción de la causa de derechos naturales intrínsecos -propuestas tendientes a evitar el daño ecológico en sus distintas dimensiones- y d) aplicación del criterio de responsabilidades comunes pero diferenciadas -implica que aquellos que han creado una deuda ecológica en el pasado deberían ser más cuidadosos que aquellos que no lo han hecho-.

En cuanto a los efectos, la aplicación del principio precautorio conlleva el traslado de riesgos. La ausencia de pruebas respecto de la nocividad de la actividad no implicará un permiso para actuar libremente, sino que impondrá al agente la carga de probar la inocuidad de su actividad, debiendo cargar con el riesgo presunto y los demás riesgos derivados de desarrollar una actividad potencialmente nociva para el medio ambiente y la salud humana.

A modo de conclusión, y en consonancia con lo resuelto en los fallos antes referidos, diremos que el Derecho Ambiental no persigue la eliminación de las actividades productivas, sino que las mismas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, estableciendo limites racionales a las actividades del hombre, en la búsqueda de un equilibrio armónico entre desarrollo social y ambiental, sin priorizar de forma absoluta uno por sobre el otro, en tanto ambos se interrelacionan y son interdependientes, siendo la trascendental función del derecho la de regular y armonizar los conflictos a fin de que el progreso sirva, en definitiva, al desarrollo humano.

 

 

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