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La salud del trabajador y los riesgos del trabajo

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La salud del trabajador y los riesgos del trabajo

La salud de los trabajadores ha sido objeto de consideración y preocupación en distintas épocas y con diversos enfoques. Las primeras concepciones observaban en el trabajador enfermo una causal de la merma en el rendimiento productivo, pasando luego a una visión meramente condescendiente y caritativa, influenciada, principalmente, por la doctrina cristiana. Más tarde, los estudios se concentraron en la incidencia de la siniestralidad en la salud pública hasta llegar a la concepción actual, que concibe a la salud como un derecho humano de todos los ciudadanos y particularmente, del trabajador.

Hablar de condiciones dignas de labor, implica hablar de labor prestada en condiciones higiénicas y seguras, que resguarden plenamente la salud e integridad física del trabajador. La tutela de estos derechos exige la adopción de medidas concretas tendientes a su realización, sin perjuicio de lo cual, nuestra constitución admite la posibilidad de resarcir el daño causado con sustento en el principio de indemnidad contenido en ella, en tanto consagra el deber genérico de no dañar a otros.

Con la reforma constitucional de 1994 el campo de derechos constitucionales se vio ampliado y redimensionado a partir de la incorporación al texto constitucional del contenido de los derechos contemplados en los distintos tratados de Derechos Humanos a los que se les otorgó rango constitucional y superior a las leyes. La protección que otorgan dichos tratados, son base de un derecho de daños que protege al hombre en su existencia social, resguardándolo en su integridad tanto física como psíquica y moral, a la vez que en su existencia social.

A nivel legislativo, existe una gran profusión y diversidad de normas que protegen la salud de los trabajadores, de diversa jerarquía, relativas a actividades específicas y de carácter general; entre estas últimas, las más trascendentes son, sin lugar a dudas, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley Nª 19.587 del año 1972) y la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 del año 1995.

La primera de estas normas, en su artículo 4º, refiere que la higiene y seguridad en el trabajo comprende a las normas técnicas, medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Riesgos del Trabajo establece que se encuentran dentro de sus objetivos a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados y d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse en diversas oportunidades respecto del derecho a la salud en general y la del trabajador en particular.

En el señero caso “Aquino” del año 2004, la Corte sostuvo, entre otras consideraciones, que “...El trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia […] normativamente comprendidos en la Constitución Nacional […]. [...] El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. […] el régimen de la lrt cuestionado tampoco se encuentra en armonía con otro principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la justicia social.”. “[...] es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana...”.

Este fallo resultó trascendental para el derecho del trabajo, en tanto implicó un cambio en el criterio interpretativo de los tribunales en materia de riesgos del trabajo, dando lugar a una corriente doctrinaria y jurisprudencial que ha sido denominada como “progresista” y que resultaría predominante durante los siguientes diez años. Los reclamos tribunalicios ya no se limitarían a reclamar por la reparación de los daños, sino que se centrarían en los riesgos laborales como impedimento para el desarrollo de un ambiente laboral digno, haciendo hincapié en la prevención como herramienta de gestión del ámbito de trabajo y poniendo en evidencia la ineficiencia del sistema asegurativo instaurado a partir de la Ley Nª 24.557.

Durante la década del 90, los fallos de la Corte reflejaban la preeminencia del “mercado” por sobre el hombre, imponiéndose el criterio de que la prevención de los riesgos o las condiciones laborales conformaban “costos” productivos que debían ser supeditados a la posibilidad de obtener inversiones extranjeras.

A esta concepción meramente “economicista” del mundo del trabajo se opuso esta nueva línea jurisprudencial humanista, que lleva implícita la revalorización de la condición humana del trabajador. Esta línea, atiende a la centralidad del hombre por sobre el mercado para el derecho, y apoya sus decisiones en los principios cardinales del derecho laboral: el precautorio y el de progresividad; a su vez, ratifica la plena vigencia y operatividad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos a ella incorporados que protegen al trabajador.

 

Sin embargo, y ya a partir del año 2014 con el precedente “Urquiza”, la Corte parece haber comenzado a desandar el sendero que había iniciado una década antes. Una sucesión de fallos de la Corte sustentaron una línea argumentativa que hace recordar a la etapa anterior a “Aquino” y que se enmarcan dentro de un discurso que vuelve a centrarse en la economía como eje central del mundo del trabajo.

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