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Cayó la cúpula de la UOCRA

En Coronel Suárez hubo allanamientos y detenidos

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En Coronel Suárez hubo allanamientos y detenidos

Tras la denuncia pública realizada por la propia gobernadora María Eugenia Vidal en la ciudad de Bahía Blanca en el mes de septiembre pasado se iniciaron las investigaciones judiciales que derivaron en la detención de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca. En nuestra ciudad hubo allanamientos de la sede gremial y en domicilios de los dirigentes, tres de los cuales fueron aprehendidos. El suarense Julián Allende denunció a la UOCRA por coimas y aprietes en el 2016.

"No pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato" fueron las palabras de la Gobernadora provincial María Eugenia Vidal en septiembre de 2017 en un acto público en la ciudad de Bahía Blanca, quien denunció abiertamente que el gremio de la UOCRA obligaba a los contratistas a emplear determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento.

La ciudad de Coronel Suárez se vio conmocionada el último jueves –11 de enero—con intensos operativos policiales y la presencia de Infantería provenientes de la ciudad de Olavarría que al igual que en la ciudad de Bahía Blanca y Monte Hermoso procedieron a detener a  miembros de la cúpula de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)-

Entre los detenidos se encuentra el máximo dirigente del sindicato, Humberto Monteros, quien fue arrestado en Monte Hermoso con valijas que tenían alrededor de 5.250.000 pesos y 100.000 dólares. También se secuestraron drogas, especialmente cocaína.

Los cargos de los que los acusa el fiscal Gustavo Zorzano son asociación ilícita y extorsión.

De acuerdo a la información que brindó a los medios regionales el Fiscal General Fernández de Bahía Blanca, se realizaron un total de 19 allanamientos, concretando la detención de 10 personas, sin perjuicio que se produzcan otras detenciones en las próximas horas, entre los que figuran: José Burgos, (quien estaba a cargo de la seccional suarense y es el segundo en importancia en la Uocra bahiense,  Pablo Gutiérrez, , Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez. En Coronel Suárez los aprehendidos fueron, Aníbal Aranda, Nelson Cabrera y David Ezequiel Muñoz.

Los operativos fueron encabezados por el Jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni.
Según publicó un diario regional, la denuncia indica que la cúpula gremial exigía pagos por fuera de lo convenido a empresarios. Si no aceptaban, frenaban obras en distintos rubros. Por ejemplo esta semana, autoridades de la firma Panedile, a cargo de los trabajos de remodelación de la planta depuradora de la Primera Cuenca, reclamaron por aprietes y detención de las tareas.
También se acusa a los sindicalistas de obligar a las compañías a contratar determinadas firmas de transporte, de baños químicos, de indumentaria y de catering, cuyos dueños estarían vinculados con el propio gremio, pagando sobreprecios.
Tras las denuncias públicas, incluyendo las manifestaciones de la propia gobernadora María Eugenia Vidal en el Club Olimpo durante la campaña electoral motivó que a principios de octubre renunciaron los principales referentes de la UOCRA, que desde entonces quedó a cargo del interventor Ricardo Rodríguez, gremialista de la construcción de Trenque Lauquen.
En paralelo a las denuncias en Bahía Blanca, se avanzó también con el sindicato delegación La Plata, donde fue detenido a fines de septiembre el histórico dirigente Juan Pablo "Pata" Medina, acusado por extorsiones y otros delitos.

Al momento de la detención del principal dirigente de la UOCRA bahiense, Humberto Monteros, quien fue trasladado a la Dirección Departamental Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca, afirmó:  "esto es una persecución del gobierno y si me preguntan por los trabajadores, que sigan luchando", dijo el sindicalista al llegar al lugar. 

Allanamientos en Coronel Suárez

Recordemos que la delegación de UOCRA local funciona en calle Mitre al 1.500 de esta ciudad, lugar donde se realizaban tareas administrativas y operativas del gremio. Fue así que alrededor de las 5 de la mañana del jueves arribaron unos 30 efectivos de Infantería y Caballería de la ciudad de Olavarría, bajo las directivas superiores de la DDI perteneciente a la jurisdicción de Trenque Lauquen, quien sumó además otros 15 uniformados, quienes se abocaron a requisar la sede local de la UOCRA.
De manera simultánea se allanaron los domicilios de calle Francia al 500 y Cabildo Abierto en Santa Trinidad, totalizando de acuerdo al informe extraoficial, tres detenciones correspondientes a los Delegados de Coronel Suárez de la UOCRA: David Ezequiel Muñoz, Aníbal Alejandro Aranda y Nelson Fabián Cabrera.

“Los reclamos eran excusas”

El fiscal general Juan Pablo Fernández dijo que "a una sola empresa le pidieron entre 400 y 750 mil pesos, estamos hablando de mucho dinero", comenzando

así a reflexionar sobre lo sucedido, informando que fueron más de 30 hechos comprobados.

Fernández se refirió así a las detenciones en la cúpula de la UOCRA en Bahía Blanca por asociación ilícita y extorsiones.

“A través de amenazas con paralizar las obras con asambleas, con piquetes, compelían a los empresarios de la construcción a abonar sumas de dinero en beneficio personal, de los propios sindicalistas, y los obligaban a contratar empresas prestadoras de servicios como baños químicos, viandas, como indumentaria para el trabajo, que pertenecían a ellos mismos o sus familiares y que prestaban esos servicios a un precio superior a los del mercado, de esta forma se enriquecían considerablemente y utilizaban determinadas cuestiones de naturaleza gremial, de condiciones laborales como una mera excusa, porque una vez que se les pagaba, los reclamos gremiales cesaban”, explicó el fiscal.

Detalló que no sólo hacían estos "aprietes" a empresas sino también a obras particulares.

Fernández agregó que los acusados pedían dinero en cuotas y de acuerdo a los montos de la obra, extorsionando con los tiempos en los cuales se debían entregar las obras por parte de la empresa que las llevaba adelante.

El fiscal manifestó además que los sindicalistas imputados "hacían los reclamos como si fueran cuestiones que perjudicaban a los trabajadores para detener las obras, pero cuando aparecía el dinero, los reclamos desaparecían por más que los reclamos iniciales no se solucionaban".

Indicó que a Humberto Monteros, secretario General de la UOCRA lo detuvieron en su domicilio de Monte Hermoso, “él es el jefe y organizador, junto con José Burgos, que era el secretario General Adjunto de esta asociación ilícita; se secuestraron tres bolsas con dinero, probablemente puede haber habido alguna sustancia de estupefaciente, pero puedo haber sido para consumo personal, nada relevante sino se me hubiera advertido”, aclaró el fiscal quien agregó, “el modus operandi era muy similar al del Pata Medina –dirigente gremial de la UOCRA en La Plata—y de esta forma esta gente se ha enriquecido considerablemente, causando un gran daño social, no solo en las empresas, sino que al propio mercado de la construcción, porque hacían que los costos se dispararan, ya que todos estos “peajes” el empresario lo termina trasladando a precios”, señaló el fiscal general.

Al hablar de las “sumas” que pedía los gremialistas a los empresarios, Fernández aseguró que los valores variaban según la naturaleza de la obra, “a veces pedían sumas mensuales de $ 1000 a $ 3000 pesos para una obra chiquita que puede ser un departamento, y después para obras de envergadura, como puede ser, la obra en la cual se procedió a la reparación de la turbina 30 de la central termoeléctrica “Luis Piedrabuena” en la que se les pagó $ 750 mil pesos en una sola obra, en otra obra se pagó $ 400 mil pesos, para los bolsillos de estas personas sólo para que los dejaran trabajar”, puntualizó.

Indicó que existen declaraciones testimoniales que prueban los hechos ilícitos “por eso se pudo avanzar en las detenciones y hubo un juez que ordenó en base a las pruebas existentes recolectadas a lo largo de estos tres meses que permiten vislumbrar, que por lo menos esta detención, va a ser convertida en prisión preventiva y se va a llevar la causa a juicio”, afirmó.

 

“Sólo defendían su bolsillo, no les importaban los trabajadores”

Lo afirmó la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, quien el jueves ordenó la detención de catorce personas (tres permanecen prófugas) vinculadas con la UOCRA bahiense e imputadas en una causa por asociación ilícita y extorsión, indicó que las víctimas fueron “contestes y coincidentes” al momento de describir los hechos.

Explicó que hasta el momento son 19 los damnificados y que “dejaban en evidencia, a esta altura del proceso, idénticas prácticas y sindicaban a las mismas personas en calidad de imputados, que son aquellas respecto de quienes el fiscal solicitó las detenciones”.

La magistrada dijo que “las víctimas relataron las mismas maniobras y conductas”, y agregó que “las declaraciones fueron contundentes”.

También sostuvo que el fiscal Gustavo Zorzano había pedido la detención de 15 personas, aunque en uno de los casos no la otorgó por considerar que no existían elementos suficientes para llevarla adelante.

Respecto al hallazgo de más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares en poder de Humberto Monteros, consideró que “no deja de sorprender una cifra tan abultada de dinero”.

 

Describió que la incautación de la plata resultó sorpresiva, ya que las órdenes que firmó “tenían como finalidad la detención de los imputados y el secuestro de documentación que pudiera llegar a vincularse con la investigación, al igual que teléfonos celulares”."Bahía se sacó una lacra de encima que no le permitía crecer"

Afirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo en conferencia de prensa desde la ciudad balnearia de Mar del Plata, tras la detención de la cúpula mayor del sindicato de la UOCRA sentenció que "es un paso gigante para terminar con la impunidad y las mafias en la provincia de Buenos Aires".

Valoró el coraje de la Gobernadora María Eugenia Vidal quien se “atrevió” a denunciarlos públicamente “ya que le traían retrasos a la obra pública, a la obra privada, mayores costos, el año pasado en obras de rutas fueron extorsionados por este sector de la UOCRA y en la actualidad las condiciones en la provincia, en general y particular cambiaron, la decisión política de la Gobernadora Vidal, la independencia del Poder Judicial acompañado por un nuevo Procurador coo lo es el doctor Julio Conte Grand y la decisión de un ministerio como el nuestro junto a la policía que cumple con lo que debe hacer”, subrayó el funcionario.

"La justicia actuó independientemente, la policía lo hizo correctamente y la ciudad de Bahía Blanca se saca una lacra de encima que a veces no le permitía soñar en poder seguir creciendo"

El ministro de la cartera de Seguridad  agregó que las condiciones en la provincia y en el país cambiaron desde el 10 de diciembre de 2015 y que este operativo y detención es una nueva muestra.

Explicó también que "el dato más importante que tenemos es que quienes durante muchos años vivieron de la complicidad, por acción u omisión, de la política y la justicia, porque esto no es reciente, se dan cuenta que el cambio que empezó hace muy poco es profundo y que no va a haber contemplaciones con ningún sector ni con aquellos que sigan teniendo formas mafiosas y extorsionadoras en sus conductas".

Ritondo dijo que la causa es muy grande y que "a partir de todo esto que sucedió los empresarios que antes tenían miedo hoy pueden hacer denuncias".

Detalló que durante el procedimiento encontraron dinero, droga, armas de fuego y hasta motos robadas.

"Por las características de sus declaraciones y por el tipo de trabajo que desempeñaba no podía tener esa cantidad de dinero. De vida sindical no tenía nada, porque era millonario", expresó.

Agregó que la justicia será la encargada de determinar el origen del dinero secuestrado durante los allanamientos.

Sostuvo que "vamos a seguir trabajando junto a la justicia y la Procuración", además de elogiar que no se hayan producido "filtraciones" de información durante la investigación.

Además, el ministro mencionó que podrían ser más los detenidos en las próximas horas.

 

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José Burgos y otros cuatro detenidos se negaron a declarar

Cinco de los detenidos por la causa de asociación ilícita y extorsión de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) local se negaron a declarar en las últimas horas y los otros seis fueron indagados este viernes por el fiscal Gustavo Zorzano, entre ellos, el líder del gremio en Bahía Blanca Humberto Monteros.

Los que se negaron a declarar fueron el secretario adjunto José Burgos, el segundo congresal suplente Carlos Carrillo, y los suarenses Aníbal Aranda, subsecretario gremial, Nelson Cabrera, delegado y David Muñoz.

Hasta el cierre de esta edición debían comparecer el líder del gremio Humberto Monteros, el secretario de difusión Pablo Gutiérrez, los vocales Mario González, Raúl Erbín y Sergio Vázquez, y Walter Paiz, que estaba prófugo y se entregó el jueves por la tarde mientras que continúan prófugos, Guillermo Esteban Molina, excandidato a concejal por Unidad Ciudadana y exsecretario de Finanzas del sindicato intervenido; Sebastián Canale, segundo vocal titular del gremio y Roberto Ríos, a quienes podría solicitarle el pedido de captura nacional e internacional.

 

FOTO ALLANAN UOCRA BURGOS

Momento en que es detenido el secretario adjunto de Uocra, José Burgos, quien dirigía la seccional suarense

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En Coronel Suárez en el 2016 surgió la primera denuncia contra la UOCRA


Recordemos que en Coronel Suárez en el año 2016 hubo un primer movimiento convocado por los empresarios de la construcción Víctor y Julián Allende, quienes públicamente denunciaron estas maniobras de extorsión y con tal motivo se llevaron a cabo algunas reuniones en el Concejo Deliberante que se fueron disgregando en el tiempo.
“Esto es lo que estábamos buscando”, afirmó Víctor Allende en contacto con Nuevo Día y agregó “nosotros hicimos la denuncia, la archivaron y gracias a que la UOCRA le paró la obra pública a la gobernadora María Eugenia Vidal, el Estado reaccionó, porque siempre el poder lo tiene el Estado”.

“Cuando molestaron al Estado le pusieron el freno, mientras molestaban a particulares nada pasó, esto tendría que haber pasado cuando hicimos la denuncia en el 2016”.

Según explicó, la denuncia que habían radicado fue utilizada para la nueva causa judicial “el fiscal Foglia a través del Fiscal General Fernández archivo la causa y fue el propio gobierno que le hizo reabrir la causa al Fiscal General y la tomó el fiscal Zorzano quien nos citó a declarar en octubre del año pasado para avanzar en las investigaciones”, explicó Víctor Allende.

Allende recordó que cansados de tener tantos pedidos de coimas por parte de los dirigentes de la UOCRA que  hasta debieron soportar un piquete que les paralizó una obra en Pueblo San José, decidieron radicar una denuncia para hacer públicas las extorsiones. Según refirió el empresario en aquel entonces, el referente local del gremio, Nelson Cabrera, le había pedido dinero a cambio de dejarlo trabajar.

“Nosotros nunca la dimos dinero a la UOCRA, somos gentes de trabajo, pero el pedido de coimas era una práctica que se repetía desde hacía mucho tiempo y lamentablemente al pueblo solo le es muy difícil hacer justicia, el poder lo tiene el Estado y es el que tiene que intervenir en defensa de los ciudadanos, para eso le damos el poder”.

“El Estado debe asegurarse de que estas cosas no pasen nunca más. Nosotros, como pueblo, no tenemos el poder de hacerlo. Como particulares tuvimos que poner dinero, contratar abogados y hacer viajes para intentar llevarlos a juicio”, agregó.

El empresario indicó que a nivel local no tuvieron ningún apoyo tanto de dirigentes políticos, ni de concejales ni del intendente.

“No era un problema particular de nosotros, sino que había una mafia circulando por la ciudad, y no éramos los únicos perjudicados”, subrayó.

“Ahora recuperamos la esperanza porque se hizo justicia”, expresó Víctor Allende.

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